Alcalde de San Ignacio y presidente del FDSDFNP, deslinda responsabilidades, el gobierno busca militarizar la zona.
Con respecto al atentado que sufriera el campamento minero Henrrys Hill, de la Minera Río Blanco el pasado 1 de noviembre; los Alcaldes, Comunidades Campesinas y Organizaciones Sociales de las Provincias de Ayabaca y Huancabamba en Piura, y San Ignacio en Cajamarca, que conformamos el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), deslindamos cualquier responsabilidad de las organizaciones que lo conformamos expreso en entrevista Carlos Martínez Solano.
Martínez Solano dijo que el FDSFNP, lamenta los sucesos acontecidos en el Campamento Minero y exige una investigación imparcial además ratifica su voluntad de diálogo para dar una salida pacífica a este delicado problema que ha originado la empresa Minera Río Blanco Cooper (Ex Majaz), y el Estado Peruano, producto de ello es que se encuentra pendiente en la PCM, el Ministerio de Energía y Minas, la Defensoria del Pueblo y otros organismos del Estado una respuesta a una propuesta de RETOMAR EL DIALOGO para una salida dialogada y pacífica a este problema.
De otro lado el presidente del referido frente y alcalde de San Ignacio mostró su extrañeza, por que sucesos de esta naturaleza se den en el contexto en que la empresa minera Río Blanco Copper S.A (Minera Majaz S.A.), había visto seriamente mellada su imagen a nivel internacional, producto del congelamiento de las cuentas de su empresa matriz Monterrico Metals y el posterior juicio abierto ante la Alta Corte del Reino Unido en Londres por la muerte del comunero Melanio García y los actos de tortura propiciados a 31 comuneros, entre ellos contra 2 mujeres, el año 2005, demostrando de esa manera las prácticas violentas que la empresa minera tiene.
Así mismo manifestó su preocupación luego de que el gobierno anunciara su intención de instalar una base militar en la zona del proyecto minero Río Blanco, en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, tras los lamentables incidentes ocurridos el pasado primero de noviembre en dicho campamento minero; considerándolo además que es sólo un pretexto del gobierno para impulsar el desarrollo de la actividad minera y apoyar los intereses de las empresas transnacionales, decisión que podría agudizar aun más el conflicto entre pobladores, empresa y Estado.
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